| Operación Masacre:
INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA
El lector apócrifo, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998
Por Roberto Ferro
Prolegómenos
Toda aproximación crítica a un texto literario supone la exigencia de dar cuenta, de uno u otro modo, de las características propias que lo constituyen y distinguen; en el caso de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, esa exigencia se torna ineludible, ya que esas características están íntimamente relacionadas con su especificidad, que perturba y trastorna el orden de las tipologías genéricas. Tres de ellas aparecen como las de mayor relevancia:
—Su escritura se despliega en el encuentro, el pasaje y la confrontación, de dos formaciones discursivas diferentes: la literaria y la política, que se traman y confabulan desde su inscripción primera: la práctica periodística, que legitima y propaga el contacto.
—Su rasgo de perpetuo inacabamiento, de texto en constante reformulación, que obliga a pensar a Operación Masacre como corpus antes que un texto con límites precisos. Rodolfo Walsh re-escribe la primera edición en libro de 1957, en 1964, 1969 y 1972; cambia, suprime, añade, establece un diálogo constante con el contexto social e histórico.
—Operación Masacre da a leer el tejido narrativo de varias historias: la de la investigación que reconstruye un saber para hacerlo público, la de los sucesos que relata minuciosamente y la de la propia puesta en escritura.
El modo en que estas tres historias se van imbricando da cuenta de la genealogía del corpus que componen las diferentes ediciones de Operación Masacre y permite, asimismo, desplegar el campo de problemas que configuran su especificidad distintiva. La importancia que, desde su misma aparición, ha tenido Operación Masacre en la constitución de los géneros discursivos, que articulan tanto el campo literario como las prácticas periodísticas, no puede ser separada de las condiciones concretas a partir de las cuales Rodolfo Walsh investigó los sucesos de José León Suárez y los dio a conocer.
La crónica de los momentos fundamentales de ese proceso, que expongo a continuación, apunta a exhibir y problematizar la tensión dialéctica entre la puesta en discurso y la instancia de dilucidación de los hechos: escritura e investigación fueron sincrónicas e interdependientes.
La búsqueda de testimonios y documentación, que me permitiera reconstruir el recorrido de Rodolfo Walsh en la producción del saber sobre los fusilamientos del 10 de junio de 1956, exigió un considerable número de entrevistas y aportes de distinto tipo. Sería imposible dar cuenta detallada de cada uno, todos tienen un inestimable valor para mí; pero debo sí mencionar, entre ellos, a tres que fueron fundamentales y sin los cuales no hubiera podido superar mis interrogantes:
Enriqueta Muñiz, quien no sólo accedió a largas conversaciones, sino que además me permitió leer su Diario de investigación, relación manuscrita contemporánea de la actividad de Walsh, entre diciembre de 1956 y mayo de 1957.
El Doctor Máximo von Kotsch, abogado de Juan Carlos Livraga, que me aclaró todos los pormenores de la causa judicial y sus antecedentes.
Lilia Ferreyra, que me facilitó materiales, me permitió revisar lo que pudo salvar de la biblioteca de Rodolfo y me puso en contacto con documentación aún inédita.
I. El 9 de junio de 1956
La trama de relaciones sociopolíticas y el orden institucional establecidos por el peronismo en diez años de gobierno se desmoronaron en setiembre de 1955 ante la insurrección armada de un frente cívico-militar.
La coherencia, que le daba entidad y solidez al conjunto de la oposición que apoyaba el golpe de Estado contra Perón, se diluyó una vez triunfante e instalado en el gobierno, exhibiendo las contradicciones propias de su heterogeneidad ideológica, cuyo principal motivo de convergencia había sido el antiperonismo.
El 13 de noviembre la puja, que desde el principio había caracterizado al gobierno de facto, tuvo un desenlace drástico con el desalojo del sector nacionalista de la cúpula del Poder Ejecutivo por la renuncia del presidente, el general Eduardo Lonardi, y de los ministros que le eran afines. En su reemplazo asume el general Pedro Eugenio Aramburu, mientras el contralmirante Isaac Rojas, numen del sector liberal, conserva la vicepresidencia.
Se acentúa, entonces, la ola de represión a los militantes y dirigentes peronistas. El atropello y el hostigamiento no eran tan sólo la expresión de una cruzada “libertadora” o la manifestación de una ideología autoritaria; eran, además, sustancialmente necesarios para llevar a cabo la instrumentación de una política económica —el plan Prebisch— que suponía la redistribución del ingreso nacional en detrimento de los sectores populares beneficiados en los años del régimen peronista. Maniatar al peronismo era la exigencia prioritaria para desmembrar todo intento de oposición a un nuevo diseño de país; pues muy pronto fue notorio que muchos sectores, que se habían alineado contra Perón, serían igualmente perseguidos.
El peronismo, que desalojado del poder, no había atinado a ninguna respuesta, con amplios sectores de la población, que le daban apoyo y le otorgaban legitimidad, intimidados y agredidos; desmontado su aparato partidario, con sus dirigentes que huyen o son encarcelados, encuentra en la represión un factor de aglutinamiento y cohesión. Comienzan atentados y sabotajes que, más allá de su importancia relativa, son signos inequívocos de que no abandona la confrontación, mensajes a agredidos y agresores de la organización de un polo de resistencia ante la impunidad del poder de facto.
El 9 de junio de 1956, un grupo de militares de filiación nacionalista, liderados por el general Juan José Valle, lleva a cabo un intento insurreccional. Contaban, además del descontento popular, con la participación activa de los cuadros de suboficiales, mayoritariamente partidarios de Perón, y con la adhesión de los militares que habían sido alcanzados por las purgas discriminatorias llevadas a cabo por el gobierno. Numerosos núcleos de activistas peronistas al tanto del movimiento apoyan las acciones, a pesar de que Perón no otorgó ningún aval al movimiento, desconfiado de las motivaciones políticas de sus jefes. Los focos rebeldes más importantes se produjeron en La Plata, en Campo de Mayo y en Santa Rosa.
El gobierno tenía conocimiento de la conspiración desde hacía algún tiempo y sólo esperó que se produjera, descargando entonces el peso de una represión desmedida y premeditada para que sirviera de ejemplo ante cualquier remezón futuro.
Declarada la ley marcial en la madrugada del 10 de junio, se seguirá fusilando a quienes se juzgue responsables hasta el 12, cuando ya el movimiento estaba totalmente controlado y se habían terminado las acciones bélicas. Lo que en relación a lo acontecido en los años siguientes en la Argentina debe ser pensado como una afirmación política de una clase que no vacilará en repetir, aumentada en progresión geométrica, la aniquilación de los sectores de la oposición cuando hagan peligrar sus intereses.
La prensa, que informa amplia y detalladamente de los acontecimientos, insistiendo en el marco de legalidad en el que se había llevado a cabo la represión, y la euforia de los partidarios del gobierno, que habían llenado la Plaza de Mayo vivando a los vencedores y reclamando insistentemente un severo escarmiento para los insurrectos, relegan y marginan una escueta información acerca de unos fusilados en José León Suárez. Esa misma prensa —que se había constituido en portavoz y emblema de los derechos individuales y de la libertad de información, la misma que había explicado el golpe palaciego con que Aramburu desalojó del gobierno a Lonardi, como un simple acto de necesidad obligado ante la grave enfermedad que aquejaba al mandatario saliente y que aún insistía hasta el hartazgo con los desmanes y arbitrariedades del decenio peronista— publica una lista de cinco nombres, algunos equivocados, como luego quedará fehacientemente demostrado, y se hace cómplice de lo demás: el silencio y el intento de borradura del crimen.
Un fusilamiento colectivo había sido obliterado, tachado como acontecimiento, no se da cuenta de su existencia, se lo “desaparece”.
El 9 de junio de 1956, a las 23.30, una comisión de la policía de la provincia de Buenos Aires, a las órdenes directas de su jefe, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, antes de que el gobierno de facto de Aramburu promulgara la ley marcial, llevó acabo un allanamiento en una casa del barrio de Florida —Hipólito Irigoyen 4519— deteniendo a un grupo de civiles bajo la acusación de estar implicados en el levantamiento del general Valle.
En la madrugada del día 10, en un basural de José León Suárez se ejecutó la orden de fusilamiento. Por lo menos cinco de los detenidos mueren: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete escapan: Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez.
Livraga, que ha recibido tres tiros de gracia, permanece vivo; primero fue internado en un policlínico de San Martín, luego se lo recluye en la comisaría de Moreno, donde lo dejan desnudo, sin asistencia médica ni alimentos adecuados. Mientras tanto, han ido quedando pruebas de su peregrinaje: el recibo de la Unidad Regional de San Martín por sus efectos personales ha sido rescatado por una enfermera que lo entregó a su padre, hay varios testigos, y su familia golpea insistentemente todas a las puertas del Poder Ejecutivo reclamando por su inocencia.
La tenacidad de Juan Carlos Livraga, ya fusilado, que sigue tozudamente con vida, y los indicios ciertos de que hay más sobrevivientes lo salvan de otra segura ejecución. Finalmente, el 3 de julio lo trasladan a la cárcel de Olmos, allí se pondrá en contacto con otro de los fusilados vivos, Miguel Ángel Giunta, que también ha sufrido innumerables penurias. En prisión conocen al doctor Máximo von Kotsch, un abogado militante del radicalismo intransigente, defensor de presos gremiales, quien asume la defensa y logra, el 16 de agosto, que sean dejados en libertad ante la inexistencia de causa judicial que justifique las detenciones.
Von Kotsch ha insistido para que el doctor Jorge Doglia, jefe de la División Judicial de la policía de la provincia, visitara en Olmos a Livraga. Constatado el hecho, Doglia lo agrega al legajo de la investigación de múltiples casos de tortura a detenidos en varias dependencias policiales.
Acusado de traidor a “la casusa libertadora”, perseguido, sometido a una abierta obstrucción de sus tareas específicas, recibe amenazas y es objeto de intimidaciones por el propio jefe de policía.
Recurrirá primero al Servicio de Informaciones Navales, luego al ministro de Gobierno, doctor Marcelo Aranda; como respuesta Doglia es sumariado y separado de su cargo por no respetar la vía jerárquica en la presentación de sus denuncias.
Finalmente, el doctor Eduardo Schaposnik, representante socialista ante la Junta Consultiva Provincial, se compromete a darle curso en ese organismo a los cargos mediante un pedido de informes.
El 14 de diciembre, el caso es presentado ante la justicia. Juan Carlos Livraga, patrocinado por el doctor Máximo von Kotsch, comparece ante el juzgado del doctor Viglione demandando “a quien resulte responsable” por la tentativa de homicidio y daño, y exigiendo una indemnización material. El doctor Viglione le da traslado al juzgado del doctor Belisario Hueyo, por estar de turno el día del hecho.
El 18 de diciembre, Fernández Suárez se hace presente en una reunión secreta de la Junta Consultiva para contestar las imputaciones formuladas por el doctor Schaposnik:
—¡Aquí hay cargos— exclamó —pero no hay pruebas!
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